La junta directiva de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) acordó oponerse al proyecto de reforma al empleo público dictaminado en la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración y el cual fue enviado a consulta a distintas organizaciones.
El criterio del ANAI se basa principalmente en tres aspectos, según explicó Alex Gen Palma, asesor legal de la agrupación.
El primero es que violenta la autonomía municipal establecida en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, específicamente en lo que refiere a autonomía administrativa.
En segundo lugar, ANAI encontró que en el texto en discusión existe una concentración excesiva de potestades que recae en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), entidad que a criterio de los alcaldes no cuenta con las capacidades para asumir la larga lista de funciones que señala el proyecto.
“Se comete un error al incluir en este último texto a las municipalidades y ponerles de jefe administrativo de temas de empleo al Mideplan, obviando la autonomía municipal y las competencias de los gobiernos locales en la gestión de los territorios y el impacto que eso puede generar sobre todo en municipalidades pequeñas y las comunidades que reciben servicios de estas”, indicó Marcel Soler, alcalde de Montes de Oca.
Un tercer elemento que se cuestiona, es que el transitorio 11 del proyecto de ley establece que los funcionarios públicos actuales a los cuales se les aplicará la nueva normativa y que devengan un salario por encima del esquema de salario global establecido, solo recibirán aumentos adicionales al costo de vida de manera de alcancen el nivel propuesto, lo que traería consigo roces de constitucionalidad.
“Ya habíamos hecho una mención en la Comisión de Empleo Público donde indicamos que estábamos totalmente en contra por diferentes razones, dos muy puntuales. Una es la violación a los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, donde se violenta la autonomía municipal como tal; y la segunda, que estamos completamente claros en que esta ley es inconstitucional por diferentes razones que ya hemos hecho saber a los señores diputados. Por eso los instamos una vez más a que verdaderamente le pongan atención y revisen si esta ley cumple con los requerimientos y no que sea una situación populista o que no reúna los requisitos”, comentó Leonardo Chacón, presidente de la junta directiva de ANAI.
Este criterio fue aprobado en Junta Directiva de ANAI el jueves anterior y será presentado en la Asamblea Legislativa esta semana.