La atención de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es en todos sus frentes y uno de ellos es la protección económica por medio del pago de incapacidad a las personas asalariadas y trabajadores independientes que suman 1 797 684 días otorgados durante estos meses de emergencia sanitaria.
De marzo al 21 de diciembre, la CCSS pagó más de 16 mil millones de colones por el subsidio económico que otorga la incapacidad a los trabajadores que por orden médica deben guardar reposo y no pueden ejercer sus actividades laborales por un periodo de tiempo. Ese subsidio representa el 60 por ciento del salario reportado o bien, del ingreso reportado como trabajador independiente.
En este periodo de pandemia, un total de 165 219 personas recibieron una incapacidad para lo cual la institución estableció tres clasificaciones: casos confirmados de covid-19 por laboratorio o por nexo epidemiológico (48 983 personas); ser casos sospechosos o probables de portar el virus (104 985 personas) o porque cuentan con una orden de sanitaria de aislamiento domiciliar (54 934 personas).
“Este volumen ha implicado a que desde el inicio de la pandemia a la fecha se emitan 251 563 boletas de incapacidad lo que representan un total de 1 797 684 días de incapacidad en la población que tiene derecho a este beneficio (trabajador reportado en planilla o independiente) por parte de la CCSS” menciona la doctora Ana Catalina López Campos, de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades.
“En cuanto a los días por incapacidad en casos confirmados o por nexo epidemiológico el promedio es de 9 días; cuando se otorga por caso sospechoso o probable es de 5 días y cuando es por emisión de la orden sanitaria de aislamiento domiciliar es de 10 días” explica la doctora López Campos.
Del total de personas incapacitadas, de marzo a la fecha, 19 488 corresponde a funcionarios de la CCSS (12.4%), a los cuales se les ha emitido 31 074 boletas para un total de 221 499 días de incapacidad.
Al corte del 21 de diciembre, 166 funcionarios tanto en unidades médicas como administrativas y financieras estaban incapacitados, 77 por ser un caso confirmado, 36 son sospechosos y 53 cuentan con una orden de aislamiento domiciliar.
La doctora Ana Lorena Mora Carrión, coordinadora de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades explicó que “el 25% de las incapacidades asociadas a covid-19 que se han otorgado corresponden a personas asintomáticas que han sido contacto de alguien confirmado o que han ingresado al país y que por tanto, han recibido una orden sanitaria de aislamiento sin tener síntomas ni estar confirmados con la enfermedad; y que para la emisión de las mismas, la Institución, por medio de la Junta Directiva, debió realizar modificaciones reglamentarias, siendo que estas incapacidades han brindado protección económica y en salud a miles de trabajadores que han debido guardar asilamiento sin estar enfermos en principio, pero para salvaguardar la salud pública”.
De igual manera, recordó que a la fecha, no existe norma que obligue al patrono a continuar pagando salario al trabajador que se encuentra cumpliendo una orden sanitaria de aislamiento; razón por la cual, la participación Institucional con las incapacidades a partir de la orden sanitaria de aislamiento, ha sido de suma importancia para el bienestar económico, en salud, pero finalmente social de los costarricenses.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo para atender esta pandemia desde todos los frentes, así que reiteremos a la población de la necesidad de contar con un mayor respaldo y vigilancia para mantener las medidas de protección necesarias para evitar el contagio de esta enfermedad y pasar una Navidad distinta pero segura en nuestros hogares” destaca el doctor Mario Ruiz Cubillo, gerente médico.
