“Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.
Costa Rica reporta 53 asesinatos violentos de mujeres en 2020; 9 de los cuales ya fueron clasificados como femicidios. Pero este es solo el ejemplo más claro de la violencia machista que carcome a ese pequeño país.
Texto: Floribeth González (Costa Rica, periodista de 88 Stereo y Directora de CR Actualidad)
Ilustración: Ascerí Álvarez Zúñiga (Costa Rica)
En Costa Rica, en lo que llevamos del año 2020, han ocurrido 53 muertes violentas de mujeres (según el último corte hecho el 7 de septiembre anterior). De ese total, 9 muertes fueron declaradas como femicidios; 6 fueron consideradas como homicidios, pero no femicidios; y 38 están aún pendientes de ser clasificadas.
En los primeros 4 meses de pandemia —que en Costa Rica empezó el 6 de marzo— solo se ha identificado un femicidio ocurrido en mayo, el de Marlene Picado de 41 años, vecina de Corredores de Puntarenas.
No obstante, en ese mismo período ocurrieron otras 12 muertes violentas de mujeres que aún no han sido clasificadas, por lo que el número de feminicidios podría ascender a 13 en 4 meses. Esto, porque en Costa Rica, la clasificación de una muerte violenta como femicidio puede tomar incluso más de un año.
Según explica Jeannette Arias, abogada y jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial de Costa Rica, los datos sobre la cantidad de femicidios que se hacen públicos desde el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia —la fuente oficial en este tema— dependen del trabajo de una Subcomisión Interinstitucional sobre Femicidios que incluye a la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Salud, entre otras entidades.
Esta Subcomisión saca sus conclusiones a partir de la información aportada por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la sección de Estadísticas del Poder Judicial, además de incluir un exhaustivo monitoreo de los medios de prensa. “Pero cada caso pasa por un proceso de investigación para llegar a conclusiones de carácter científico”, precisó la especialista.
Es decir, en las reuniones bimensuales que realiza la Subcomisión se toma en cuenta la investigación y el proceso penal, y las características del delito. Luego hace una clasificación preliminar del caso que dependerá de la autopsia, las diligencias útiles del OIJ para que salga el informe policial, entre otras variables.
También se utiliza un modelo de protocolo latinoamericano para la investigación de femicidios creado por iniciativa de ONU Mujeres y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
No obstante, para que esa clasificación sea definitiva hace falta una sentencia en firme dictada por un juez de la República, y por eso, depende del tiempo que tardan los procesos penales. Eso sí, es importante aclarar que el trabajo de la Subcomisión no tiene ninguna incidencia en el desenlace de esos procesos.
Por otro lado, el sistema presenta dificultades y complejidades mayores, para atender casos de violencia contra las mujeres en zonas alejadas y rurales, por la poca disponibilidad de profesionales especializados en el tema, entre otros obstáculos.
“Es diferente en San José —la capital del país—, donde se cuenta con un equipo élite de una sección investigadora del OIJ especializada en el tema y una Fiscalía de Género; lo que no ocurre en el resto del país”, indicó Arias.
Además, el tema del femicidio en Costa Rica es complejo debido a que existen dos definiciones de este.
El primero es el femicidio legal, tipificado por el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, el cual sanciona las muertes de las mujeres a manos de sus cónyuges o parejas actuales.
Y el segundo es el femicidio ampliado. En este se incluyen las muertes violentas de mujeres, por género, en donde no había una relación de matrimonio o unión libre. Por ejemplo, las muertes durante el noviazgo, después de un divorcio, luego del cese de una unión de hecho y las que ocurren en el ámbito público, a raíz de un ataque sexual.
Para la conceptualización del femicidio ampliado se toma como base la definición de violencia de género que hace la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará.
No obstante, para efectos de Costa Rica, el femicidio ampliado es una nomenclatura estadística, pero no corresponde a un tipo penal por lo que estos casos son juzgados como homicidios simples o calificados.
El femicidio es solo la punta del iceberg, la expresión última de una violencia que incluso es sistémica y que se muestra de muchas maneras: física, económica, patrimonial, psicológica, sexual y simbólica.
La jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial de Costa Rica opinó que “la prensa minimiza cuando se trata de casos de violencia que no terminan en muerte. Tienden a enfocarse más cuando ya hablamos de un asesinato. Pero recordemos que ningún femicidio se da de manera inmediata, sino que es la culminación de un ciclo de violencia, que va creciendo con los meses o los años”, e insistió “incluso, algunos medios de comunicación han ridiculizado las leyes especiales o cuando se habla de violencia psicológica, de ofensas e insultos, pero en realidad los femicidios suelen empezar por ahí”.
La experta explicó que a las víctimas de violencia se les baja la autoestima, pierden empoderamiento, tienen problemas de acceso a la educación y al trabajo (no solo de acceder al trabajo, sino de mantener un empleo o ascender).
Además, puede haber efectos en su salud física a raíz de los episodios de agresión. Golpes y abusos que las personas —incluso quienes son víctimas— pueden ‘cometer el error’ de normalizar, y por eso muchas no denuncian.
Aún así, entre los meses de marzo a junio de este año, se presentaron 14967 denuncias formales relativas a la Ley de Penalización de Violencia Contra la Mujer. Estas se suman a las 26027 denuncias por delitos sexuales y 17066 por violencia doméstica presentadas en el mismo período, y en las que, habitualmente, en más del 80% de los casos las víctimas son mujeres.
En ese mismo período, cada mes se presentaron alrededor de 10 mil llamadas por este tema al 911, que en Costa Rica es la línea de auxilio para todo tipo de emergencias y además es la línea nacional habilitada para atender la violencia contra las mujeres, pues está enlazada con el Centro Especializado de Atención de Violencia Intrafamiliar, un despacho supervisado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
A las autoridades les preocupa toda la violencia que están sufriendo las mujeres durante la pandemia y que no se refleja en las estadísticas porque no es fácil denunciar cuando convives 24 horas, 7 días a la semana, con el agresor.
Como bien explica Karina Hernández, socióloga y gestora de prevención de la violencia basada en género, los datos que se conocen son “de las mujeres que han logrado poner una denuncia, pero ¿qué pasa con todas aquellas mujeres que han venido sufriendo violencia —de distintos tipos— y que no han tenido las herramientas o el acompañamiento para denunciar? Estas mujeres están silenciadas, confinadas y acompañadas de sus agresores”.
Este panorama se desprende específicamente de las medidas de cuarentena —que en Costa Rica no han sido tan estrictas como en otros países— impuestas por el Ministerio de Salud para bajar la curva de contagios o por el desempleo a raíz de la desaceleración económica.
Como menciona Jeanette Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial de Costa Rica, las inequidades —sociales y económicas— que ya existían se profundizan con la pandemia y eso incluye la discriminación y la violencia contra las mujeres.
La pandemia es el panorama perfecto para un agresor, pues “en el ciclo de la violencia, lo que busca un agresor es aislar a la víctima, alejarla de su familia, de su comunidad, de sus amigas. Y ¿qué hacen los confinamientos?, eso mismo: le ofrecen al agresor las condiciones que requiere en el ejercicio de poder de esa relación”.
La psicóloga especializada en género, Mariana Zumbado, coincide. “La violencia contra las mujeres es consecuencia de unas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres… Para enfrentar la pandemia se han tomado medidas que producen un aumento a la exposición de las mujeres que se encuentran en estas relaciones abusivas de poder y se enfrentan a una mayor dificultad para buscar medidas de protección”.
Además, de acuerdo con Arias, el impacto de la pandemia incrementa la dependencia económica y esa es una de las razones históricas para que las mujeres se queden en relaciones de violencia: no solamente por el miedo y la dependencia psicológica sino por la necesidad de ingresos para mantenerse y alimentar a sus hijos.
Hernández, por su parte, indicó que ella incluso conoce casos donde mujeres que ya habían logrado salir de círculos de violencia, tuvieron que, a raíz de la pandemia, retomar la convivencia con sus parejas debido a que ni siquiera tenían con qué pagar el alquiler de un lugar para vivir.
En la violencia “es medular lo económico, pero con la pandemia hay otros factores que se han hecho más evidentes. Por ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos y todo lo referente a derechos sexuales y reproductivos; o el tema de la explotación laboral”.
Esto se suma al hecho de que las mujeres no son un bloque homogéneo. Presentan distintas características, algunas de las cuales las colocan en una posición aún más vulnerable.
“Todas las mujeres corremos el riesgo de ser víctimas de femicidio, pero algunas tienen más riesgo que otras”, aclara Jeannette Arias, del Poder Judicial. En eso influye, por ejemplo, la edad, la situación económica y la falta de recursos para salir del ciclo de violencia.
Según un informe especial de octubre de 2019, la mayoría de las víctimas de femicidio en Costa Rica son mujeres jóvenes, en edad reproductiva, quienes viven en unión de hecho y son amas de casa.
Por esa razón, para la psicóloga Mariana Zumbado, el Estado se debe adentrar en las causas estructurales en torno a la violencia contra las mujeres; la desigualdad social y la falta de oportunidades; y trabajar en la construcción de relaciones justas y equitativas libres de violencia. “El Estado, y la sociedad en general, debemos trabajar en prevención y atención”, concluyó.
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La imagen fue creada por la diseñadora Ascerí Álvarez Zúñiga. @pajaro_que_vuela
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