Más de ¢334 mil millones han sido direccionados para la atención de la emergencia a poblaciones vulnerables o prioritarias, por medio de 10 instituciones que conforman la Mesa de Protección Social del Centro de Operaciones de Emergencia de la CNE (COE) por el COVID-19.
Desde su instalación en marzo -a partir de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional- la Mesa ha construido protocolos, lineamientos y otras acciones para la prevención y atención del COVID-19 a personas adultas mayores, con discapacidad, en situación de calle, territorios indígenas, asentamientos informales, mujeres, menores de edad, en pobreza extrema, entre otras.
La Mesa de Protección Social se adapta en una segunda etapa a los cambios que impone el curso de la pandemia y trabaja en varios equipos técnicos, identificando nudos en la intervención territorial, monitoreo y seguimiento de la intervención y la mejora permanente de los servicios a la población usuaria del sector.
Inversión social por COVID-19
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS):
¢6.972 millones en el Subsidio Extraordinario a familias en pobreza y con agravantes de vulnerabilidad sin otras atenciones del Estados.
“La nueva realidad de esta emergencia aumentó las demandas de protección a las familias y a poblaciones prioritarias. Esta inversión es muestra de un país solidario que, sin obviar las nuevas limitaciones de las finanzas públicas, cuenta con un Estado Social de Derecho que defiende y vela por el bienestar social, principalmente de las personas más vulnerables, y construye las bases de la reactivación por la que todos estamos impulsando”, Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.
Ministerio de Educación Pública (MEP):
¢56.800 millones para paquetes de alimentos para estudiantes.
“Hemos respetado el derecho a la alimentación de nuestros estudiantes beneficiados del servicio de comedor y, por ello, desde marzo, cuando debieron cerrarse los centros educativos, hemos suministrado, al menos un plato de comida al día para cada uno de ellos. Un grupo de profesionales en nutrición ha procurado que sean productos balanceados, saludables y de temporada, con lo que hemos beneficiado a 855 mil estudiantes con seis entregas hasta agosto. Además de cumplir con ese derecho humano, el servicio de comedor estudiantil procura la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo”, dijo Guiselle Cruz, ministra de Educación Pública.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS):
Entre las asignaciones de recursos más relevantes se encuentra la ejecución del Bono Proteger para la población laboralmente afectada por la pandemia, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Instituto Mixto de Desarrollo Humano e Inclusión Social (IMAS), que ha significado ¢256.000 millones ejecutados, en beneficio de casi 700 mil personas.
“En conjunto entre el IMAS y el Ministerio de Trabajo, hoy hemos auxiliado casi a 700 mil personas para atender con la mayor inmediatez a las personas afectadas laboralmente por la pandemia. Seguiremos trabajando fuertemente para alcanzar a la mayor cantidad de personas solicitantes del Bono Proteger”, Geannina Dinarte, ministra de Trabajo y Seguridad Social.
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ):
Entrega de fondos concursables, ordinarios y extraordinarios por ₡781.600.000, beneficiando a 1040 artistas independientes.
“Además de brindar aportes económicos para el Bono Proteger, desde el Ministerio de Cultura y Juventud nos ocupamos por readecuar los presupuestos para habilitar tres fondos concursables: Becas Creativas, Proartes COVID19 y Aquí Cultura. Cada uno planteó propuestas para atender la crisis que ha afectado de manera tan significativa al sector artístico y cultural. Los tres fondos permiten la realización de cientos de proyectos culturales asociados a la acción comunitaria en distintas regiones del país. Todos estos esfuerzos se traducen en apoyo y desarrollo para las personas proponentes. Buscan además la recuperación, el rescate, fortalecimiento y transmisión de la cultura”, mencionó Sylvie Durán, ministra de Cultura y Juventud.
Patronato Nacional de la Infancia (PANI):
¢1.722 millones en acciones varias de apoyo a entidades no gubernamentales y en el reforzamiento de servicios institucionales a mujeres en vulnerabilidad.
“Como parte de las acciones emprendidas por el PANI para responder ante los retos de la pandemia, contar con los Servicios de Asistencia Sanitaria Temporal (SAST) regionales, así como con los protocolos elaborados, nos ha permitido administrar de forma eficiente las situaciones de casos sospechosos o con COVID19 en niños, niñas y adolescentes. El SAST estará bajo la supervisión del PANI y a cargo de una organización no gubernamental. Es un servicio y herramienta adicional para la garantía del derecho a la salud y la protección integral de todos los niños y niñas”, precisó Gladys Jiménez, ministra de la Niñez y la Adolescencia.
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU):
¢330 millones para la entrega de paquetes de alimentos.
“Estamos conscientes de que hay hambre en los hogares costarricenses. Por eso nuestra mayor preocupación es garantizar paquetes de alimentos para cientos de familias que hoy han visto reducidos sus ingresos y eso les impide suplir sus necesidades básicas”, dijo Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS):
¢393 en casa de aislamiento para personas con discapacidad en situación de abandono, compra de complementos nutricionales, sustitución de personal en centros de larga estancia, interpretación de Lesco en el Servicios 911, elaboración de material informativos accesibles sobre el uso de productos de apoyo y acerca de las medidas sanitarias, y capacitación a docentes del MEP para incluir a los estudiantes con discapacidad en los programas que se desarrollan de forma virtual.
«Conscientes de la múltiple vulnerabilidad que enfrentan las personas con discapacidad, Conapdis ha mantenido abiertos todos los servicios de manera virtual. Asimismo, se promulgaron de 26 Medidas de Protección, para que las diferentes instituciones públicas atiendan e incluyan con prioridad a la población con discapacidad en los planes, proyectos y acciones que gestionen en el marco de esta emergencia», precisó Lizbeth Barrantes Arroyo, directora ejecutiva Conapdis.
Junta de Protección Social (JPS):
¢6.778 millones en acciones varias de apoyo a poblaciones en condición de vulnerabilidad atendidas en organizaciones sociales sin fines de lucro y al subsidio para personas vendedoras ante la suspensión de sorteos.
“Tenemos claro que nuestra misión consiste en convertir en programas sociales para personas en condición de vulnerabilidad las utilidades que generamos con la lotería. En vista del impacto COVID19, tuvimos que suspender o reprogramar sorteos y estamos reiniciando de forma paulatina esta actividad comercial. Para cubrir el subsidio a personas vendedoras acudimos a un remanente de una partida del fondo de premios no cobrados del 2019 y para continuar transfiriendo recursos a los programas sociales hemos echado mano al superávit específico. Esperamos ir recuperando el nivel de ventas de nuestros productos y juegos de azar gracias a las nuevas estrategias que se han puesto en marcha en el marco de la nueva normalidad”, aseguró Esmeralda Britton González, presidenta de la Junta de Protección Social.
Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CEN CINAI):
¢4.093 millones en entrega de alimentos, extensión de los paquetes de estimulación para el hogar e instalación de tanques de agua.
“Con un enfoque adaptado a las condiciones que impone la pandemia, la estrategia CEN CINAI en Casa brinda los servicios a las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad y suministra los apoyos que requieren, contribuyendo a la seguridad alimentaria, al monitoreo del estado nutricional y de salud y al acompañamiento en la crianza de los menores, mediante actividades y materiales de apoyo diversos para uso desde el hogar”, dijo Lidia María Conejo Morales, directora nacional de CEN-CINAI.
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM):
¢1.000 millones en servicios de apoyo a organizaciones que velan por personas adultas mayores en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y abandono.
“Para el CONAPAM la consigna ha sido mantener y reforzar los recursos que giramos a las Organizaciones de Bienestar Social (OBS) que atienden a personas adultas mayores. Gracias a ese esfuerzo humanitario de tantas personas voluntarias, unido al aporte de las instituciones, hemos continuado brindando los servicios, a pesar del reto que representa la situación que afrontamos como país ante el COVID-19”, según Teresita Aguilar Mirambell, presidenta de la Junta Rectora de CONAPAM.
