En el marco de la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada, presentó este viernes la propuesta de creación del “Fondo para Aliviar la Economía COVID-19” (Fund to Alleviate COVID-19 Economics- (FACE), como una instancia de solidaridad internacional ante la recesión económica causada por la pandemia.
La propuesta fue presentada por el gobernante costarricense en un panel en el que participaron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed; la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena; los profesores de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz, y de la Universidad de Oxford, Ian Goldin, y el director de la División de Estrategias de Globalización y Desarrollo de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Richard Kozul-Wright.
“FACE busca proveer a los países en desarrollo los fondos necesarios para hacer frente a los impactos socioeconómicos de la pandemia sobre la economía y las personas, en términos concesionales y solidarios”, explicó Alvarado en su intervención.
Detalló que es “un fondo de apoyo extraordinario de medio trillón de dólares, financiado con el 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de las economías más grandes y fuertes del mundo, —aquellas que representan el 80% del PIB mundial—, para ser intermediados por uno o varios bancos multilaterales de desarrollo, como préstamos concesionales a los países en desarrollo”.
El presidente de Costa Rica agregó que “los fondos serían prestados a largo plazo y a tasas fijas, para proveer financiamiento extraordinario a los países en desarrollo que tienen limitaciones de herramientas políticas para responder a la crisis y mantener sus países dentro de la ruta para cumplir con la Agenda de Desarrollo 20-30 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
Al presentar la iniciativa, el mandatario costarricense comentó que se busca fortalecerla y establecer la discusión sobre los mecanismos y la construcción de alianzas entre países para lograr la puesta en práctica de FACE como una opción viable para abordar los impactos sociales y económicos que la crisis del COVID-19 provoca en los países en desarrollo.
En ese sentido, el presidente Alvarado hizo referencia a los estragos que ha causado la pandemia a nivel mundial, acotando que 1,6 billones de trabajadores informales estarían en riesgo, muchos de los cuales no cuentan con protección social, y que entre 40 y 60 millones de personas podrían verse empujadas hacia la pobreza extrema, mientras 195 millones de empleos se perderían en el segundo trimestre del 2020.
El evento contó también con las intervenciones de Kamina Johnson-Smith, Ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, y del Embajador Robert Rae, Representante Permanente de Canadá ante las Naciones Unidas, países que convocan, junto a las Naciones Unidas, la iniciativa de Financiamiento para el Desarrollo en tiempos de COVID-19 y más allá, que culminará el próximo martes 29 de septiembre con una reunión de Jefes de Estado y Gobierno.
Ambos representantes abogaron por una mayor solidaridad financiera global como elemento clave para evitar profundizar la brecha entre las economías avanzadas y los países en desarrollo.
¿De qué se trata, puntualmente, la propuesta de Costa Rica?
En su exposición, Alvarado puntualizó los aspectos más relevantes de la propuesta:
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Fondo de apoyo extraordinario de medio trillón de dólares, financiado con el 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de las economías más grandes y fuertes del mundo.
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Recursos serían canalizados por uno o varios bancos multilaterales de desarrollo, por medio de un vehículo de propósito especial, como préstamos concesionales a los países en desarrollo.
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FACE alcanzaría un equivalente al 3% del PIB de los países beneficiarios, una cifra representativa de la caída en los ingresos por impuestos más los costos extrapresupuestarios de la atención de la pandemia.
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Los recursos serán destinados a mitigar el impacto económico en las personas y en los sectores productivos causados por la crisis, así como revivir las economías mediante un mejor regreso una vez superada la pandemia.
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Los fondos serían prestados a los países en condiciones favorables y en términos solidarios: a 50 años plazo, con un período de gracia de cinco años y una tasa fija de cero por ciento de interés.
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Los países beneficiarios, con la asesoría de instituciones financieras o comisiones económicas regionales, establecerían un sistema contable y de registro estadístico para identificar el costo fiscal de la pandemia, ambos dirigidos a gestionar el costo directo y el derivado de esta consecuencia económica y sus políticas. Esta medida contribuirá a mantener un dato confiable de cada préstamo, según las necesidades y vulnerabilidades propias antes que las clasificaciones generalizadas como el ingreso per cápita.
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Las organizaciones financieras, al contribuir en estas circunstancias particulares, no cobrarían ningún cargo por la intermediación y administración de los recursos del FACE.
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Los recursos de FACE no estarían sujetos a las condicionantes monetarias o estructurales tradicionales (como ya están siendo cubiertas según los estándares crediticios del FMI o el Banco Mundial), pero sí bajo la norma de la buena gobernanza y una lucha comprometida contra la corrupción.
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Los desembolsos de los recursos estarían completamente alineados con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS, de forma que se construya resiliencia y se conquisten los objetivos de los acuerdos ambientales multilaterales, como el Nationally Determined Contributions, para acelerar el progreso hacia el desarrollo sostenible en la Acción de la Década.
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Las instituciones financieras internacionales mantendrían el diálogo en materia de evaluación de las condiciones estructurales macroeconómicas de cada país, que prevalecían con anterioridad a la crisis ocasionada por la pandemia, para preservar la sostenibilidad fiscal y monetaria.
