El Gobierno anunció ya lo que denominó el Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, una propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de un financiamiento de $1750 millones.
«Al igual que en otros países, en Costa Rica se ha producido una contracción y una caída de la actividad económica debido a la pandemia. El fuerte impacto en la producción nacional, la disminución de los ingresos del Estado y el aumento de las inversiones y gastos para atender la emergencia sanitaria no solo frenan el mejoramiento de las finanzas públicas en que se trabajaba, sino que también agrava el desequilibrio fiscal», indicó el Gobierno en un comunicado de prensa.
Ante este panorama, la propuesta detalla medidas como la reducción del costo de las cargas sociales para las empresas en al menos 5 puntos porcentuales durante cuatro años. Esta acción permitirá reducir los costos de la contratación y estimular el empleo. Además no afectará las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, que siempre recibirá los recursos, financiados con el 1% del PIB de la recaudación del impuesto de las transacciones financieras.
Asimismo, se reducirá la deuda pública en 6 puntos porcentuales del PIB con el fin de cambiar el ciclo del endeudamiento y el enorme pago de los intereses que ha tenido el país en las últimas décadas.
Otras cuatro medidas para promover el empleo y el crecimiento económico son la disminución de los costos de electricidad, las reformas para la promoción y creación de empleo, el Programa de Recursos Digitales al servicio de la Comunidad Educativa y el plan de alianzas público privadas para la inversión pública.
También se prevé la devolución del IVA de la canasta básica al 20% más pobre de la población costarricense, con lo cual tendrán más dinero disponible para atender sus necesidades.
Medidas fiscales permanentes y temporales:
Un impuesto a las transacciones electrónicas y cheques es parte de las 9 medidas fiscales temporales en ingreso, gasto y activos.
Con esto se cobrará durante cuatro años una tarifa a todas las transacciones bancarias y de valores. Los dos primeros años será del 0,3%; es decir en una transacción de ¢10.000 se pagará ¢30 y en una de ¢100.000, ¢300. En los siguientes dos años, el cobro se bajará a un 0,2%; o sea, se pagarían ¢20 en una transacción de ¢10.000 y ¢200 en la de ¢100.000.
Se proyecta que con este impuesto se pueda financiar lo que se dejará de recibir por cargas sociales y la reducción de la deuda pública.
Otra de las medidas temporales es el impuesto extraordinario sobre la renta a salarios (y pensiones), utilidades y remesas al exterior.
En el caso de los salarios, este tributo extraordinario no afectará a salarios menores de ¢840.000. ¿En qué casos aplica? Se cobrará un 2,5% adicional a los ingresos mayores de ¢840.000, un 5% extra para ingresos superiores a ¢1.233.000 y un 10% adicional a los ingresos superiores a los ¢4.325.000.
En cuanto a las utilidades, no aplica para aquellas personas o empresas que no perciban utilidades. En el caso de las personas físicas con actividades lucrativas aquellas que tengan rentas netas mayores a los ¢3.638.000 se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales a 10 puntos porcentuales en el último tramo. A las personas jurídicas con una renta bruta superior a los ¢109.228.000, se le aplicará una tarifa adicional del 6 puntos porcentuales sobre su utilidad neta. Para aquellas personas jurídicas con ingresos brutos inferiores a ¢ 109.228.000, por los primeros ¢5.143.000 de utilidad neta se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales en el primer tramo, a 10 puntos porcentuales adicional en el último tramo.
Además, se cobrará un 5% para remesas al exterior a todas las rentas de fuente costarricense de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica.
También se proponen el aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50 puntos porcentuales y la eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y SUTEL, entre otras.
Reducción de gastos
Todas estas medidas van acompañadas de las diversas iniciativas y esfuerzos realizados por el Gobierno para reducir los gastos.
Algunas de las propuestas en este ámbito son el cierre o fusión de órganos desconcentrados, la eliminación de anualidades, la reducción de la deuda política en 50%, el proceso de movilidad voluntaria de funcionarios públicos y venta de activos como FANAL y BICSA.
«El acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y estabilidad macroeconómica, para habilitar el crecimiento potencial, la generación de empleo y el bienestar de las familias. Los sacrificios en materia de gasto serán fundamentales, tales como se plantean en la reforma del empleo público, el rediseño institucional, el recorte de gasto en estricto apego a la regla fiscal, la apertura de un programa de movilidad voluntaria, la suspensión de anualidades y de los aumentos salariales y la venta de activos», explicó la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido Gonzalo.
