La Defensoría de los Habitantes solicitó informes sobre los recursos recaudados para el financiamiento del Programa de Bonos Proteger, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 9840 y cuya finalidad era asistir a las personas trabajadoras y sus familias durante la emergencia nacional debida a la COVID-19.
Según se indica en el sitio web de la Autoridad Reguladora, al 16 de junio de 2020, el dato total de recaudación – a través del costo de los combustibles – ascendió a ¢10 466 782 337. En razón de lo anterior, para la Defensoría es fundamental que las autoridades involucradas rindan cuentas.
La jerarca de la Defensoría, Catalina Crespo Sancho, está pidiendo al Ministerio de la Presidencia un informe en el cual se detallen los procedimientos de control y supervisión generados; con la finalidad de garantizar el correcto traslado de estos fondos así como el uso transparente y eficaz de los mismos.
Asimismo, se solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) un informe que contenga un detalle de los montos finales y definitivos de los recursos desglosados por mes; así́ como un detalle del procedimiento o mecanismo aplicado para transferir esos recursos a las instituciones responsables de implementar el Programa de Bonos Proteger; sean el IMAS y el Ministerio de Trabajo. También, los procedimientos de control y supervisión instaurados, a efecto de garantizar la correcta ejecución y traslado de los fondos.
En el caso de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), ésta debía trasladar al Ministerio de Hacienda la diferencia entre los precios de plantel de gasolinas súper y regular, establecidos en la Ley, y los menores precios derivados de la baja en el precio internacional de ambos carburantes, por un plazo de tres meses.
Concretamente, la Defensoría está pidiendo a RECOPE un detalle de las montos finales y definitivos de los recursos generados por la Ley N° 9840, por semana y por tipo de combustible; así como el procedimiento o mecanismo aplicado por RECOPE para transferir los fondos o recursos a las instituciones responsables de implementar el Programa de Bonos Proteger, detallando además las medidas de control y supervisión generadas para dicho efecto.
Al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), se le solicitó un informe sobre el cumplimiento de la Ley N° 9840, incluyendo el detalle de los montos finales y definitivos de los recursos recibidos por mes; así́ como el número de Bonos Proteger entregados con esos recursos.
Adicionalmente, pidió indicar sí al finalizar el periodo de cobertura de la Ley, quedaron fondos no asignados al Programa destacando el uso de los mismos, según se indica en el artículo 4 de la Ley referida. Para este ente defensor es necesario conocer los mecanismos de control y supervisión para el manejo de estos fondos implementados por el IMAS
Por otra parte, la Defensoría pide a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), detallar si recibió fondos de esta recaudación efectuada; y las medidas de control y supervisión instauradas.
“Para la Defensoría es fundamental que se rinda cuentas a la población sobre el uso de estos fondos recaudados para asistir a las personas trabajadoras y sus familias durante la emergencia nacional debida a la COVID-19”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
