Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, se refirió al aumento indirecto en el costo del crédito que enfrentan muchos hogares y otros agentes deficitarios cuando gestionan un préstamo o suscriben tarjetas de crédito con las entidades reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
Lo anterior, porque independientemente de la cuota propia del préstamo, al parecer, muchas entidades financieras inducen a sus clientes a suscribir diversos tipos de seguros bajo el supuesto de que constituyen un paquete vinculado al financiamiento al que acceden (como seguros por gastos médicos, seguro por desempleo, seguros alimentarios, contra robos y fraudes digitales, entre otros seguros autoexpedibles).
Según la Defensoría, esta práctica se ha incrementado desde que algunas entidades financieras han abierto oficinas corredoras para comercializar y colocar seguros como negocio adicional o supletorio al bancario.
En estos días, la prensa nacional informó que, a partir del mes de octubre, las cuotas de los créditos otorgados por el sistema bancario nacional se incrementarían debido a un aumento del 20% en la tarifa del seguro de Protección Crediticia por Desempleo que ofrece el Instituto Nacional de Seguros (INS).
La Defensoría es consciente de la importancia de los seguros como productos financieros para compensar el riesgo que enfrentan las personas y entidades bancarias ante diferentes circunstancias fortuitas; sin embargo, la decisión de suscribir un seguro se enmarca en el ámbito personal de cada cliente que debería contar con la información pertinente sobre los beneficios y costos adicionales que implicará su suscripción y, no ser inducido a tomarlo como supuesto requisito para acceder al crédito o, de forma posterior, mediante llamadas telefónicas que presionan para que la persona tome un seguro; situación esta última que, al parecer realizan algunas entidades emisoras de tarjetas de crédito.
Para la Defensoría de los Habitantes, este tipo de prácticas podrían perjudicar al consumidor porque encarecen el crédito y, en algunos casos, atentan contra sus derechos.
En razón de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes realizó una serie de consultas a la SUGEF, como entidad reguladora del mercado bancario y financiero.
“Para la Defensoría de los Habitantes no es de recibo que, en la situación económica que atraviesan muchos hogares de Costa Rica, se esté presentando un aumento indirecto en los costos de los créditos que enfrentan muchas familias cuando gestionan un préstamo o suscriben tarjetas de crédito con las entidades reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
