La Defensoría de los Habitantes insiste en la obligación legal que tiene el Estado costarricense de hacer efectivo el proceso de expropiación de tierras que por ley corresponde a la población indígena de nuestro país, lo cual supone la obligación estatal de disponer de los recursos financieros suficientes y necesarios para activar los mecanismos de expropiación e indemnización que hasta ahora se han hecho de manera escasa.
Por esa razón, la Defensoría, recientemente, elevó una gestión ante las autoridades del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para conocer el estado de avance de ese plan, pero además, cuestionó si la institución considera reutilizar los fondos de su posible superávit presupuestario -en partidas de créditos y obras comunales-, en el financiamiento de los procesos de expropiación legal de tierras en favor de los Pueblos Indígenas.
Ante una serie de hechos suscitado hace pocas semanas en el territorio indígena China Kichá, el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano informó a esta Defensoría que, en procura de emprender con diligencia los procesos administrativos, la Junta Directiva del Inder había aprobado iniciar dicho procedimiento ordinario sobre una de las fincas en conflicto, y que, en procura de restablecer la paz, el Inder había ofrecido 500 millones de colones, que tiene destinados para la adquisición legal de dicho territorio.
En marzo anterior, el Inder indicó que tenía 193 expedientes listos para aplicar el procedimiento administrativo conducentes a una eventual expropiación e indemnización; informando, además, que se había realizado el levantamiento de 1.206 fincas. Sin embargo, a la fecha, la Defensoría de los Habitantes no ha sido informada de que se haya ejecutado ninguna expropiación ni indemnización en ninguno de los territorios indígenas.
La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, indicó que “es una responsabilidad ineludible del Estado costarricense cumplir con sus compromisos históricos y legales para con los pueblos indígenas a través del otorgamiento de las tierras, que ancestralmente les corresponden, mediante las vías que establece nuestro Estado de Derecho”.
En la respuesta a la Defensoría el Inder indicó que si bien no corresponde a esa institución utilizar el superávit que tiene para pagar indemnizaciones que corresponden al Poder Ejecutivo pagar, sin embargo debido a la dificultades económicas en el gobierno central, la Junta Directiva tomó el acuerdo, y decidió entre otros cambios, autorizar la creación de un fideicomiso que iniciará en el 2021 con la suma de 500 millones de colones, y que, se le agregara para el año 2022 y 2023 el 80% de los ingresos no tributarios que tengan el Inder, el 50% de los mismos en el 2024, 2025 y 2026.
Además señalaron que no se trata únicamente de tener el dinero para pagar las indemnizaciones sino más bien, de poder hacer los procedimientos necesarios antes de llegar a la indemnización que es el último paso.
La Defensoría de los Habitantes insistirá ante el Inder sobre este tema porque la respuesta recibida no es satisfactoria para honrar la deuda del Estado con los Pueblos Indígenas en materia de devolución de sus tierras ancestrales, y parar así los graves hechos de violencia que ya han cobrado varias vidas de personas indígenas, y precisamente por lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares al país.
Imagen con fines ilustrativos*.
