La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, remitió este miércoles un oficio a las autoridades de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Salud solicitando, entre otras cosas, los criterios técnicos con base en los cuáles se establecieron los grupos prioritarios de aplicación de la vacuna contra el Covid-19.
La Defensoría de los Habitantes ha venido dando seguimiento a las acciones institucionales relacionadas con la respuesta estatal a la pandemia; y si bien muestra su satisfacción con el inicio del proceso de vacunación, considera de suma importancia, por transparencia y en protección de las poblaciones más vulnerables, conocer en detalle la priorización establecida por el Estado para su aplicación.
En el oficio, la Defensoría solicita información relacionada con la aplicación de la vacuna a trabajadores administrativos de la CCSS, al grupo 2 (personas mayores a los 58 años), al grupo 4 en el cual están incluidas las personas privadas de libertad, y al personal docente del Ministerio de Educación Pública.
También, los criterios de priorización para la vacunación a los grupos vulnerables como personas adultas mayores, población indígena, y personas con discapacidad; entre otras.
Por otra parte, para la Defensoría es de suma importancia conocer las acciones de vigilancia de la salud y vigilancia farmacológica a las personas que se les aplica la vacuna para efectos de seguimiento de posibles eventos adversos y
registro del lote al cual pertenece la vacuna que se le aplica a cada persona.
De igual forma la Defensoría solicitó copia del consentimiento informado en el cual las personas aceptan ser vacunadas.
“Para la Defensoría es importante que se tome en consideración que los esfuerzos llevados a cabo por el país para el combate de la pandemia, responden a un asunto de salud pública y de respeto al derecho fundamental a
la vida, que debe ser reconocido a todas las personas, principalmente a aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, sin discriminación alguna basada en ninguna condición o circunstancia social”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
Las autoridades tienen cinco días hábiles para enviar el informe correspondiente.
