Distintos sectores del país dieron a conocer sus reacciones ante las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno como parte de su negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Puntualmente, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) indicó que «resulta en extremo preocupante que las medidas que se pretenden impulsar se enfocan fundamentalmente en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, en un contexto en el que urge que la economía se reactive para combatir los niveles de desempleo y subempleo que estamos enfrentando. Es indudable que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social».
Esteban Acón, Presidente de la CCC, dijo que:
«No se debe perder de vista que la manera de combatir la pobreza, de manera sostenida y sostenible, es la generación de más y mejores empleos y el 86% de los puestos de trabajo en Costa Rica son creados por el sector productivo privado, que es precisamente el blanco de muchos de los ajustes propuestos».
En ese sentido, la Cámara indicó que «es necesario que se incorpore, como parte de la solución, un plan agresivo para contener el desproporcionado gasto gubernamental y que se entre de lleno a mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. No es viable que se cargue todo el peso del ajuste sobre las espaldas de los contribuyentes, ya que esto solo ocasionará mayor contracción económica mientras los recursos gubernamentales continúan despilfarrándose en sostener instituciones anacrónicas, duplicidad de funciones y privilegios para los empleados públicos».
En esa misma línea, la Industria Alimentaria advirtió que la propuesta de Gobierno necesita más reforma estructural del Estado y menos impuestos.
Para Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), la propuesta planteada genera importantes preocupaciones, principalmente por una muy alta carga de nuevos impuestos y tasas tributarias y una propuesta de reducción de gasto público que podría ser más ambiciosa.
Por otra parte, «las menciones de medidas temporales en materia de movilidad laboral voluntaria, la eliminación de cierto tipo de exoneraciones al impuesto de renta, la congelación de salarios mientras la deuda pública supere el 60% del PIB u otras iniciativas en tránsito en la Asamblea Legislativa para unificar salario, eliminar pluses a futuros funcionarios o suspensión de anualidades de manera temporal, son medidas necesarias pero aún tímidas que no se visualizan aún como soluciones reales a través de una verdadera reforma estructural del Estado», señaló Musmanni
Para Musmanni, la única vía realmente responsable y efectiva es la de un replanteamiento del tamaño, objetivos, indicadores de desempeño y rendición de cuentas del Estado costarricense.
La organización recordó, en un comunicado de prensa, que ya han planteado la urgencia de una agenda política centrada en temas que realmente muevan la aguja de la reactivación, el empleo y el progreso social, por ejemplo:
1. Eliminación de distorsiones, inequidades, disparadores del gasto, abusos y excesos, actuales y futuros en materia de remuneraciones en el sector público.
2. Medidas permanentes y no transitorias, de reducción de las cargas sociales que incentivan la informalidad.
3. Sometimiento de todas las instituciones del Estado a la rigurosidad de la regla fiscal, de manera consistente y sin ninguna excepción.
4. Presupuestos y transferencias de Hacienda hacia poderes de la República e instituciones descentralizadas deben iniciar proceso de reducción, evaluación de retorno financiero y social, sistema de rendición de cuentas y definición de responsabilidades. Urge aplicación de estos criterios en Poder Judicial y sector educación.
5. Eliminación del pago mensual de pensiones, cuyo monto no es acorde a la cotización real y efectiva que el trabajador aportó durante su vida laboral, con excepción de las pensiones de subsistencia para las personas en condición de pobreza extrema.
6. Unión, fusión, reducción y replanteamiento de procesos administrativos duplicados entre instituciones pertenecientes a las mismas áreas rectoras.
7. Evaluación de la rentabilidad social de todas las instituciones para replantear aquellas cuyo retorno social es ya negativo o muy bajo.
8. Simplificación profunda y generalizada de trámites y requisitos creadores de burocracia innecesaria que utiliza recursos del Estado y de los pagadores de impuestos, sin generar valor y retrasan la creación de riqueza.
9. Venta y apertura a competencia de empresas estatales como CORREOS, BICSA, BCR, RECOPE, INS, FANAL e ICE, acompañado con una política muy fuerte de apertura del mercado, eliminación de barreras de ingreso, promoción de inversión y competencia y una rígida política de control de prácticas monopolísticas.
10. Cierre, revisión o reingeniería de empresas públicas con utilidades netas negativas: SINART, CNP, JAPDEVA, INCOFER, por ejemplo.
Finalmente, y de forma puntual sobre el impuesto a las transacciones bancarias que se anunció ayer, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) indicó que sería un duro golpe al bienestar de la población.
“Es un gravamen ingrato, que se suma a la serie de impuestos que ya de por sí tiene que pagar la ciudadanía. Y si los consumidores no lo consideran un impuesto justo, lo que harán es moverse al efectivo, a mantener bolsas de billetes para pagar en la pulpería, para enviar fondos a un familiar, o para pagar los servicios públicos”, manifestó Danilo Montero, director general de la OCF.
Para la OCF, esta propuesta resulta contradictoria a los esfuerzos del país en materia de educación financiera y la bancarización de la población. El Banco Central de Costa Rica ha hecho una inversión millonaria por años, en un sistema de pagos que es ejemplo mundial. Ha facilitado el acceso de toda la población, a los beneficios de una plataforma segura y eficiente para hacer transferencias o pagos, reduciendo los costos de las personas o empresas.
«Crear ahora un impuesto a esos movimientos es también una invitación a abandonar el sistema. No solo propicia los riesgos propios del manejo del efectivo. Es que además afectaría el funcionamiento eficiente del sistema productivo, cuando más urge que los agentes económicos reactiven sus negocios. En el fondo, es un estímulo a la informalidad, que a su vez incide en la urgente generación de ingresos al Estado. Nada de esto favorece el bienestar de los consumidores», puntualizó la Oficina.
