Una comitiva gubernamental encabezada por la vicepresidenta de la República y coordinadora de Franja de Desarrollo Zona Norte, Epsy Campbell, inspeccionó este lunes el operativo que mantienen seis cuerpos policiales en la frontera norte, para garantizar la seguridad y salud pública costarricense, en medio de la emergencia nacional por el COVID-19.
Campbell se desplazó al cantón de San Carlos en su octava visita a la zona norte en medio de la pandemia. Estuvo acompañada por el viceministro de Salud, Dennis Angulo; el viceministro de Gobernación y Policía, Carlos Andrés Torres; y el subdirector de la Policía Profesional de Migración, Alonso Soto.
“No hay ingreso masivo de personas extranjeras”, declaró enfáticamente la jerarca tras asegurar que «nunca antes se han custodiado los 300 kilómetros de la frontera como ahora, con un trabajo excepcional de las fuerzas de seguridad».
La Vicepresidenta de la República informó que, incluso, se utilizan drones del Ministerio de Seguridad Pública para vigilar por aire aquellos lugares remotos de la zona fronteriza, resaltando la labor de patrullaje que lleva a cabo el Servicio de Vigilancia Área.
Por su parte, el viceministro de Gobernación y Policía, Carlos Andrés Torres, aseveró que “hemos multiplicado por mucho la cantidad de oficiales que tenemos regularmente en frontera y en los próximos días enviaremos más. Tenemos vigilancia en puntos estratégicos en el cordón fronterizo y a lo largo de la carretera”, dijo.
Desde Boca San Carlos, las autoridades hicieron un llamado para no compartir fotos ni videos falsos sobre supuestos ingresos irregulares de personas extranjeras.
“Cada una y cada uno de nosotros debe actuar con total seriedad en este tema”, manifestó Campbell, reafirmando que “el compromiso de las autoridades de Gobierno es hacer trabajo territorial porque la seguridad de frontera es la seguridad del país entero”.
La Dirección General de Migración y Extranjería reportó que a la fecha se han realizado un total de 5,486 rechazos de personas extranjeras, la mayoría de ellas nicaragüenses, que pretendían evadir el cierre de fronteras.
Adicionalmente, se dio a conocer que a otras 1,358 personas -residentes o con permisos de trabajo- se les iniciará un proceso para cancelar su estatus migratorio por salir del país durante el período de emergencia nacional y posteriormente reingresar; o por ser detectados transitando por un paso no habilitado en la frontera.
