El Gobierno propone un impuesto temporal a las transacciones de pagos electrónicos y cheques que, según dice, le permitirá «generar nuevos ingresos para superar las serias consecuencias económicas y fiscales de la emergencia nacional provocada por el COVID-19».
Así lo indicaron el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República en un comunicado de prensa.
Esta fue una de las medidas anunciadas en el Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, que es la propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un financiamiento de $1.750 millones.
Por esa razón, en el comunicado se indica que: «durante cuatro años, se cobrará a las transacciones bancarias y de valores. En los dos primeros años será una tasa del 0,3% sobre el monto de la transacción, y en los siguientes dos años, el cobro bajará a 0,2%».
A continuación, algunos ejemplos:
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Transacción |
Pago del 0,3% en los años 1 y 2 |
Pago del 0,2% en los años 3 y 4 |
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₡1.000 |
₡3 |
₡2 |
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₡10.000 |
₡30 |
₡20 |
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₡25.000 |
₡75 |
₡50 |
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₡50.000 |
₡150 |
₡100 |
Esta tasa temporal y progresiva pretende que quienes tienen más ingresos y riqueza y manejan y mueven más recursos, puedan contribuir más en este momento extraordinario. Por ejemplo, en una transacción de ₡1.000.000 se aportarían ₡3.000 o en una de ₡10 millones, ₡30.000.
Además, durante los cuatro años de vigencia del impuesto, se plantea destinar un 1% del PIB, correspondiente al 0,1% del tributo, para bajar las cargas sociales. ¿Por qué?
«La propuesta del Gobierno incluye la reducción del costo de las cargas sociales para las empresas en al menos 5 puntos porcentuales durante cuatro años, con el fin de disminuir los costos de la planilla, estimular la generación de empleo y liberar recursos para la reactivación económica.
Esta medida no afectará las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, como se comprometió Carlos Alvarado, presidente de la República. Tampoco impactará otros programas sociales que se financien con las cargas sociales».
Así se lee en el comunicado enviado por el Gobierno a todos los medios de comunicación.
Es por esto que durante los dos primeros años, una tercera parte de lo recaudado por esta tasa temporal se usará en cargas sociales, mientras que en los siguientes dos años, será 50% de lo obtenido.
Los nuevos ingresos también se usarán para disminuir la deuda pública, la cual se estima que podría alcanzar el 83% del PIB en el 2024. Para el 2021 se destinarán ₡4,8 billones del presupuesto nacional para el pago de la deuda pública y, de ese monto, ₡2,1 billones corresponden a pagar intereses.
Esta sería la primera vez que Costa Rica use este tipo de impuesto, que ya ha sido utilizado en América Latina desde los años 90.
Por ejemplo, en Ecuador es “Impuesto a la circulación de capitales” y tiene una tasa del 1%, mientras que en Colombia se denomina “Gravamen a las transacciones financieras”, es del 0,2% y se aplica desde 1999.
