El día de ayer, la Procuraduría de la Ética Pública, una de las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) que funge como abogado del Estado, presentó una Acción Civil Resarcitoria en la causa 19-25-1218-PE, conocido como caso cochinilla, para reclamarle casi 59 mil millones de colones a los involucrados.
Recordemos que en ese caso se investiga una supuesta red de sobornos que incluiría a grandes empresas privadas y fiscalizadoras, así como a funcionarios estatales, todos relacionados con la construcción de obra pública y carreteras.
La institución explicó que la demanda civil se dirige, puntualmente, contra 78 personas entre físicas y jurídicas, sea los funcionarios públicos investigados así como a los particulares y empresas involucradas.
«Con la interposición de la acción civil resarcitoria el Estado pretende la indemnización y restitución del daño material y social causado por las acciones imputadas por el Ministerio Público», indicó el comunicado de prensa.
El monto que se solicita sea resarcido, se estableció de manera prudencial en la suma de cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos noventa y dos colones con dieciséis céntimos. (¢45.183.969.392,00) por concepto del daño material y en trece mil quinientos cincuenta y cinco millones ciento noventa mil ochocientos diecisiete colones con sesenta y cuatro céntimos (¢13.555.190.817,64), el daño social.
Eso sí, en razón de que la causa aún se encuentra en una etapa preparatoria, esos montos pueden variar, conforme avance la investigación y se logre determinar daños de mayor cuantía.
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