Ayer, el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la autorización de endeudamiento correspondiente al crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Dicho crédito se enmarca en la facilidad del Servicio Ampliado del Fondo (SAF, o EFF por sus siglas en inglés).
La presentación del documento al Congreso se da después de que el 25 de enero el país alcanzara un acuerdo a nivel técnico con el FMI, y que el 1° de marzo el Directorio Ejecutivo de ese organismo aprobara el acuerdo.
El crédito por USD 1750 millones tiene un plazo de 10 años, con cuatro años de gracia y una tasa de interés de 2,05 % aproximadamente.
Como dispone la Constitución Política para todos los empréstitos internacionales al Gobierno, el proyecto de ley requiere de aprobación legislativa por mayoría calificada. La aprobación legislativa daría lugar al primer desembolso de recursos, por unos USD 292 millones, y los demás tractos se irán desembolsando contra evaluaciones semestrales en las que el FMI verificará el cumplimiento por parte del país de las metas convenidas.
Como justificación, el comunicado oficial del Gobierno indica:
“Hoy Costa Rica enfrenta uno de los retos económicos más importantes de su historia. La pandemia del COVID-19 provocó que la economía costarricense se redujera un 4,5 % durante el año 2020, la contracción más fuerte desde el año 1982, y que la tasa de desempleo se duplicara en un lapso de apenas cuatro meses. Las finanzas públicas también fueron fuertemente afectadas: al cierre del 2020, el déficit financiero del Gobierno Central cerró en 8,1 % y se registró una caída en los ingresos totales de ₡586.924 millones (1,7 % del PIB), lo cual representó un decrecimiento de -10,9 % respecto al 2019.
Esta situación obligó al país a llevar adelante un nuevo esfuerzo de ajuste fiscal, adicional al que se había hecho con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de diciembre del 2018. Bajo un escenario pasivo (es decir, sin acciones por parte del Estado costarricense), en el 2024 la deuda pública sería superior al 80 % del PIB, un nivel insostenible para un país como Costa Rica. Ante una deuda de esta magnitud, se generaría una fuerte incertidumbre sobre la capacidad del Estado de hacer frente al pago de sus obligaciones, lo cual se reflejaría en mayores tasas de interés para todos los costarricenses, menos emprendimientos, más desempleo, una contracción económica aún mayor, y también una mayor desigualdad y un incremento de la pobreza.
Además, de mantenerse una trayectoria creciente del déficit fiscal, el Gobierno tendría cada vez menos espacio para atender sus obligaciones, lo cual se vería traducido en una menor calidad de los servicios públicos de salud, educación y seguridad, y se comprometería también el desarrollo y mantenimiento de infraestructura pública, vital para el funcionamiento de la economía.
Frente a ese panorama, resulta esencial contar con una hoja de ruta que le permita a Costa Rica regresar a una senda de sostenibilidad fiscal en el menor tiempo posible. La propuesta deberá disminuir la brecha entre los ingresos y gastos del Gobierno, a la vez que deberá atender las necesidades de financiamiento y sentar las bases para propiciar e incentivar un crecimiento sostenido e inclusivo. La propuesta debe también proteger el gasto de capital y el gasto social bien focalizado. Esa hoja de ruta para el ajuste fiscal se ha construido en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el marco de este acuerdo, Costa Rica se comprometió con una agenda de reformas que le permite alcanzar un superávit primario de 1% del PIB en el 2023 y poner a la razón de deuda del Gobierno al PIB en una trayectoria descendente a partir de ese año”.
El presente proyecto corresponde al empréstito que permitirá acompañar el programa de reformas y será la condición que habilitará la revisión semestral de nuestra economía por parte del FMI.
“La disminución de las tasas de interés, mayor inversión privada, más obra pública, más empleo y mejor distribución de la riqueza, son los resultados deseables de la estabilidad fiscal producto del proceso de ajuste fiscal que lleva adelante el Estado costarricense. El crédito de USD 1.750 millones con el FMI constituye una parte indispensable de ese proceso, por eso hago un llamado respetuoso a las diputadas y diputados para que aprueben este empréstito”, señaló Elian Villegas, Ministro de Hacienda.
Tras la presentación ante la Asamblea Legislativa, los pasos siguientes son su publicación y asignación a comisión para que inicie el trámite legislativo.
