La Junta de Protección Social (JPS) transferirá 600 millones de colones a la Comisión Nacional de Emergencia, CNE, para la atención de la emergencia causada por el COVID-19 en el país; además, permitirá aumentar el uso de recursos que transfiere a los programas sociales para que puedan adquirir materiales y artículos de limpieza o cualquier otro bien para prevenir el contagio del nuevo Coronavirus entre sus beneficiarios.
En ese sentido, durante el segundo semestre, se acordó realizar un ajuste en los porcentajes de recursos destinados para apoyo a la gestión y proyectos, de manera que las organizaciones puedan recibir un porcentaje mayor de recursos para cubrir estos gastos y compensar los recursos que utilicen para enfrentar la emergencia
“Estas son algunas de las formas en que estamos apoyando la atención de personas en mayor vulnerabilidad y de aportar ante este trance por el que atraviesa el país. Entendemos que la suma de esfuerzos, la solidaridad y el respeto a la directriz de cuarentena nacional son las rutas más importantes para enfrentar este embate”, expresó Esmeralda Britton González, Presidenta de la JPS.
Por otro lado, recordemos que en atención a la emergencia nacional así como recomendaciones emitidas desde el Ministerio de Salud, y por el bienestar de las personas vendedoras, la Junta Directiva de la Junta de Protección Social acordó suspender los sorteos durante un plazo determinado, así como dejar de producir el programa Rueda de la Fortuna.
Específicamente la JPS acordó:
- Suprimir la realización de los sorteos de Lotería Nacional y de Lotería Popular programados hasta el domingo 05 de abril, 2020. REINICIAN DESPUÉS DE SEMANA SANTA.
- Suspender La Rueda de la Fortuna hasta nuevo aviso.
Por esa razón, la JPS estudia todas las formas posibles para brindar apoyo económico a las personas vendedoras, en razón de la supresión de esos sorteos, siempre y cuando el marco jurídico lo permita. Para tales efectos, se coordinará con FOMUVEL y otras instituciones del Estado.
Finalmente, también se suspendió por un plazo de dos meses, la obligación de pago de cuota y el cobro de intereses de los créditos a las personas vendedoras.
Según la disposición de la Junta Directiva, estas medidas podrán ser ampliadas o modificadas en concordancia con las medidas que estipulen las autoridades de Gobierno para atender la emergencia sanitaria del COVID-19 que afecta Costa Rica.
