La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) considera que la Ley de Empleo Público tendría el efecto adverso en el régimen municipal, ya que este sector registra los salarios más bajos.
Las municipalidades están en los últimos eslabones salariales en el sector público (por debajo se encuentran solamente Seguridad Pública y Ministerio de Obras Públicas y Transportes), con un salario promedio que representa la mitad que el de la Contraloría General de la República, por ejemplo.
Según datos de ANAI, el régimen municipal comprende 15.794 funcionarios, de los cuales el 48% (7.493) están dentro del área de servicios (recolección de residuos, limpieza de parques y calles). Preocupa que la Ley de Empleo Público traiga consigo un efecto contrario, es decir, incrementos en remuneraciones que no puedan ser sostenibles.
Además, existen nueve municipalidades pequeñas donde el salario promedio de todos sus trabajadores (incluyendo profesionales, técnicos, administrativos y superiores) es menor al primer tramo de cálculo para el cobro del impuesto sobre la renta.
En la Municipalidad de Jiménez, por ejemplo, el salario promedio es de 625.019 colones, mientras que en Alajuelita, es de 640.354 colones.
Aunado a ello, las remuneraciones en el régimen municipal ya venían a la baja desde el año anterior, como efecto de la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual restringió dedicaciones exclusivas, prohibiciones y convenciones colectivas.
Mientras que en el 2020, la derogación por concepto de remuneraciones fue de 235.949 millones de colones, para el 2021 se estima en 226.673 millones de colones.
Sin embargo, esta tendencia podría revertirse de incluirse el régimen municipal en la Ley de Empleo Público, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, ya que dicho proyecto no aclara con datos precisos cuáles son los salarios que conformarán las nuevas familias de categorías salariales.
Finalmente, cabe resaltar que incluir al régimen municipal en la Ley de Empleo Público no generará un ahorro en materia de déficit fiscal, ya que los municipios poseen autonomía administrativa y por ley no pueden gastar más de 40% de su presupuesto en gastos administrativos, incluidos salarios.
“Los municipios pagan los salarios con fondos autogestionables. Los diputados deben dimensionar qué pretenden legislar y si las políticas realmente disminuirán la brecha salarial, ya que en nuestro caso probablemente más bien aumenten este rubro, debido a que un alto porcentaje de trabajadores corresponde al sector operativo”, aseguró Jonathan Espinoza, director ejecutivo de ANAI.
“En el caso de los municipios con los salarios más bajos, que son los rurales, si se llegan a equiparar los salarios de los operarios del Gobierno Central, podría eventualmente generarse un incremento en las remuneraciones, lo cual implicaría que el municipio deba hacer una erogación mayor en este rubro. Pero como nosotros tenemos medidas de contención del gasto en el Código Municipal, esto implicaría hacer reestructuraciones, despedir personal y consecuentemente se verían afectados los servicios prestados a la ciudadanía”, enfatizó Espinoza.
La junta directiva de ANAI, conformada por 12 alcaldes, ha emitido tres criterios en contra de dicho proyecto.
