El presidente Carlos Alvarado firmó ayer la ley que permite eliminar por dos años el pago de nuevas anualidades a 285.000 funcionarios y funcionarias del Gobierno Central y de las instituciones autónomas.
Este proyecto se presentó como una acción para reducir el gasto y mejorar las finanzas del Estado, pues se ahorrarán aproximadamente ¢101.100 millones (0,28% del PIB), de los cuales ¢66.000 millones corresponden al Gobierno Central y ¢35.100 millones a las entidades autónomas.
La firma estuvo a cargo del presidente Alvarado, la ministra María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y coordinadora del Consejo Económico del Gobierno y el ministro de Hacienda, Elián Villegas.
En el acto, que tuvo lugar en Casa Presidencial, Alvarado agradeció el apoyo de los diputados que aprobaron el proyecto e indicó que esta ley es un paso más en el compromiso del Poder Ejecutivo con la disminución del gasto público.
“El proyecto de anualidades suspenderá el pago por concepto del monto incremental de las anualidades, correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021-2022, pero no rebaja el salario de las personas servidoras públicas, su espíritu es disminuir el gasto en remuneraciones de los próximos años, contribuyendo a la sostenibilidad de las finanzas públicas y la recuperación del Covid-19”, explicó la ministra Garrido.
Aunque el pago de anualidades va ligado a los resultados de la evaluación del desempeño, esta última se realizará en ambos periodos y se contabilizará para efectos de referencia del rendimiento de las personas servidoras públicas, determinación de los años de servicio y el cálculo del pago de cesantía.
Las instituciones de la Administración Central no presupuestarán los recursos de las nuevas anualidades para 2021 y 2022 y harán los ajustes pertinentes, a fin de realizar el rebajo presupuestario correspondiente.
Foto tomada del SINART*.
