Con la aplicación de la ley que congela el precio de la gasolina en Costa Rica (Ley N° 9840 “Ley de protección a las personas trabajadoras”) durante la emergencia por la enfermedad COVID-19, se ha recaudado ₡10 466,7 millones para el Programa del Bono Proteger dirigido a personas afectadas laboralmente por la pandemia.
Es decir, ese dinero fue el resultado de esta medida implementada desde finales de abril, según indicó ARESEP en un comunicado de prensa.
Puntualmente, por la venta de la Gasolina Superior se obtuvieron ingresos por ₡5 403 millones, mientras que para el caso de la Gasolina Plus 91 o Regular el monto obtenido fue de ₡5 063 millones.
Según dispone esa ley, los recursos obtenidos los traslada RECOPE al Ministerio de Hacienda, el cual deberá presupuestarlos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante presupuesto extraordinario para que se utilicen en el programa Proteger.
Cabe recordar que el precio al consumidor final de la gasolina súper (Ron 95) y la gasolina Regular (RON 91) fijado mediante la Ley en cuestión es:
Al fijar esos precios finales, se generó una diferencia respecto al precio plantel de ambos combustibles tal y como se detalla en la siguiente tabla, siendo estos los diferenciales con los cuales se determinó el monto trasladado al Ministerio de Hacienda, para financiar el Programa del Bono Proteger.
| Gasolina | RE-0058-IE-2020, Alcance 99 del 27 abril (rige a partir del 28) | RE-0060-IE-2020, del 7 de mayo Alcance 107 (rige a partir del 8) | RE-0063-IE-2020 del 14 mayo 2020 Alcance 112 (rige 15 mayo) |
| Súper | 123,000 | 121,00 | 103,00 |
| Regular | 113,000 | 111,00 | 93,00 |
Se debe recordar que, a raíz de la entrada en vigor de la Ley N° 9840, a finales de abril, le correspondió a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) su aplicación en los estudios tarifarios de actualización de precios de los combustibles propuestos por Recope.
Esta ley tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a las personas en condición de desempleo, suspensión temporal del contrato de trabajo o la reducción de la jornada laboral, de las personas trabajadoras del sector privado, trabajadores independientes e informales afectados por la pandemia provocada por Covid-19 por un periodo de tres meses siendo prorrogable por un periodo igual.
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