La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, pidió cuentas a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) por el uso dado a más de mil millones de colones que se le transfirieron por concepto de multas por irrespeto a la “Restricción Vehicular Sanitaria”.
Recientemente, la Defensoría solicitó al Consejo de Seguridad Vial un informe de los montos recaudados desde marzo 2020 hasta el 12 de julio del 2021. En respuesta enviada a este ente defensor, la Dirección Ejecutiva del Consejo detalló que inicialmente, y tal y como consta en la Gaceta N° 70 del 4 de abril del 2020, se adicionó el transitorio XXIV a la Ley 9078, el cual dictaba que el dinero recogido por las multas, en el marco de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 declarada por el Gobierno, se usaría para financiar ayudas a personas afectadas económicamente por dicha emergencia.
Por tal motivo, de los ¢1.722.632.512,23 millones de colones recaudados del 4 de abril del 2020 al 12 de julio del 2021, se procedió a efectuar el traslado de ¢ 1.152.150.696,91 millones de colones, correspondientes al periodo de mayo a octubre del 2020, a la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias.
Cabe destacar que, mediante Ley N° 9910 publicada en el Alcance N° 292 a La Gaceta N° 264 del 3 de noviembre del 2020, se reformó dicho transitorio, indicando que la totalidad del dinero recaudado por las multas establecidas por la restricción vehicular en emergencia nacional se usaría para financiar a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
En razón de lo anterior, y considerando que el Estado Social de Derecho costarricense está cimentado en los principios rectores de transparencia, publicidad y rendición de cuentas; inherentes al ejercicio de cualquier cargo público; la Defensoría de los Habitantes remitió un oficio a las autoridades de la CNE para que informen, en detalle, el uso de los fondos recibidos cuyo destino era financiar ayudas a personas afectadas económicamente por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.
