El Poder Ejecutivo presentó ayer a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto extraordinario 2020, con una reducción de gasto por ₡327.974 millones
Junto a esta propuesta, presentó otra que contempla una reducción de un 15% de la jornada laboral, durante 12 meses, de un total de 35 mil funcionarios públicos que devengan un salario bruto mensual de más de ¢1,500.000, lo que permitirá un ahorro de ¢129.700 millones en el pago de remuneraciones.
En su conjunto, ambas propuestas presentadas comportan una reducción del gasto público de 457.674 millones de colones, con el propósito de atender la situación extraordinaria que enfrentan las finanzas públicas costarricenses, mitigar los efectos producidos por emergencia nacional por la pandemia sobre la estabilidad macroeconómica, evitar un mayor nivel de déficit fiscal y una mayor afectación de la capacidad de crecimiento futuro del país.
“Hoy presentamos ante la Asamblea Legislativa el segundoproyecto de presupuesto extraordinario de la República con un recorte de gasto muy significativo que refleja el compromiso de todas las entidades incorporadas en el Presupuesto de la República por salvaguardar el equilibrio entre las necesidades de atención de la pandemia y la estabilidad macroeconómica y fiscal. Este proyecto incorpora ₡75.000 millones para llevar el Bono Proteger a las personas más necesitadas en este momento, también incluye alrededor de ₡45.000 millones para suplir el dinero que la Caja Costarricense del Seguro Social ha dejado de recibir por la reducción en sus ingresos por efecto de la pandemia y la suma de ₡3.000 millones adicionales para el otorgamiento de nuevas pensiones del Régimen no Contributivo, apoyos fundamentales para atender a los grupos más vulnerables”, externó Elian Villegas, ministro de Hacienda
El monto de reducción de gastos se explica por dos conceptos, un primer componente de ₡52.468,7 millones que corresponde a la rebaja del destino específico debido a la caída de los ingresos producto de la pandemia sobre la economía nacional y concretamente sobre los ingresos tributarios.
Los restantes ₡275.505,5 millones corresponden a un recorte neto del presupuesto asignado a las instituciones incluidas en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República vigente. Estas reducciones reflejan el compromiso de los jerarcas por realizar un trabajo en equipo, para hacer un recorte que permita prescinde de los recursos presupuestados en aquellos rubros que no afectan el bienestar de la población.
Sobre la reducción de jornadas en el sector público:
Como ya se mencionó, el proyecto contempla una reducción de un 15% de la jornada laboral de un total de 35 mil funcionarios públicos que devengan un salario bruto mensual de más de ¢1,500.000, lo que permitirá un ahorro de ¢129.700 millones.
Se excluye de esta reducción de jornada al personal que labore en las siguientes dependencias, según indica en el artículo 2 del proyecto de ley:
La propuesta de ley instruye a las instituciones públicas que no paguen sus planillas por medio de los sistemas Integra 1 e Integra 2 -con excepción de las Municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social- a trasladar a la caja única del Estado del Ministerio de Hacienda las diferencias salariales que se produzcan a su favor producto de la reducción de jornadas establecidas por esta ley.
El artículo 5 establece que en caso de finalización de la relación laboral, deberán utilizarse las remuneraciones previas a la entrada en vigencia de la presente ley.
Sobre el presupuesto extraordinario:
El proceso de rebaja fue ordenado desde la Presidencia de la República, y por conducto del Ministerio de Hacienda se le solicitó a cada jerarca del Gobierno, mediante comunicación formal, abarcar r
Todos los ministerios, con algunas excepciones según su participación en la atención de la emergencia, rebajaron en un 100% su disponible en las siguientes partidas: viajes al exterior y sus correspondientes viáticos; actividades de Capacitación, recepciones y protocolo, publicidad y propaganda e impresión, encuadernación y otros.
Además, redujeron en un 75% los saldos disponibles de las partidas de Transporte dentro del país y sus correspondientes viáticos, y un 50% de recorte en las partidas de Información, Bienes y Otros Servicios. De igual forma, se instó a las entidades en proceder en la eliminación del contenido presupuestario de todas las plaas congeladas y vacantes.
Otro componente importante de este proyecto lo constituye la incorporación de recursos necesarios para la atención de la emergencia nacional, los cuales se detallen seguidamente:
La propuesta incluye, además, los ingresos extraordinarios externos por un monto de ₡215.087 millones de colones, para apoyo presupuestario, provenientes de los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo.
De dicho monto se estarán transfiriendo a la CCSS recursos para mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva producto de la crisis por el COVID-19 y el monto restante será utilizado para sustituir deuda cara por deuda barata.
“Este año enfrentamos un espacio fiscal limitado ante una caída de los ingresos totales del Gobierno Central de al menos 21% (3,3% del PIB) con respecto a lo presupuestado, tenemos estimaciones de una disminución del gasto de 4,5% (1,1% del PIB), un mayor déficit financiero y nivel de deuda respecto al PIB, para el cierre del año. Ante esta situación extraordinaria necesitamos acciones extraordinarias. Ya hemos aplicado medidas de alivio fiscal, asignamos recursos extraordinarios para atender la emergencia y hemos remitido al Congreso créditos de apoyo presupuestario provenientes de organismo internacionales”, enfatizó el Jerarca de Hacienda.
