Un proyecto del Ley que eximirá del pago del impuesto al valor agregado (IVA) a todos los productos y servicios de la canasta básica tributaria, hasta el 30 de junio de 2021, fue presentado por el Ejecutivo este jueves a la Asamblea Legislativa.
Esta nueva propuesta tiene como propósito incidir de manera positiva en la capacidad de consumo de los hogares costarricenses, y disminuir los efectos de la crisis económica que ha generado el COVID-19 sobre la población, principalmente en los sectores con menos recursos.
De esta manera, se plantea modificar el Transitorio IV de la Ley N 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para que los bienes y los servicios incluidos en el inciso 3 del artículo 11 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que conforman la canasta básica tributaria, ya no estén sujetos al pago del 1% de este impuesto a partir de julio 2020.
Para compensar el impacto fiscal de esa medida, así como los efectos de la contracción económica y la disminución de los ingresos necesarios para hacer frente a la emergencia nacional, el proyecto enviado hoy al Congreso también incluye una propuesta para que el salario escolar ya no esté exonerado del impuesto sobre la renta. Según un estudio realizado por Hacienda en el 2018, esto representa cerca del 0,12% del gasto tributario.
“Dado el incremento en los gastos como efecto de la pandemia y por el compromiso con la responsabilidad fiscal, es preciso acudir a una fuente de recursos que permita compensar los ingresos que recibiría el gobierno de no darse la moratoria del cobro de IVA en canasta básica. De ahí nuestra propuesta para que a partir del próximo año se grave con renta el salario escolar, en las mismas condiciones en que se encuentran gravados los salarios en todo el sector laboral costarricense. Eso significa que se mantendría un monto exento y a partir de ahí se aplicaría el mismo porcentaje de impuesto escalonado que ya se utiliza para gravar los salarios”, explicó Elian Villegas, ministro de Hacienda.
Al respecto, la Ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, María del Pilar Garrido Gonzalo comentó: «El llamado «salario escolar» es una porción de un incremento de salario que se paga diferido, según confirmó la Sala Constitucional. Por lo tanto, su tratamiento tributario debe ser idéntico al salario mensual»
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