El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley con el fin de devolverle al Ministerio de Educación Pública (MEP) cientos de plazas para docentes que están congeladas y en peligro de ser eliminadas.
De inmediato, el proyecto de ley con el expediente N.° 22.395 fue convocado en sesiones extraordinarias por medio del Decreto Ejecutivo N.° 42805-MP.
El texto promueve una reforma a las normas de ejecución presupuestarias en la Ley N.° 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021. Allí se establece que ninguna plaza vacante –salvo excepciones detalladas– podrá ser utilizada y deberá ser eliminada como código presupuestario.
Con la modificación, no se eliminarían las plazas vacantes existentes desde que entró en vigencia la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2021, el 1.° de enero, hasta el 31 de marzo de este año.
De aprobarse el proyecto de ley, el MEP podría hacer uso de inmediato de esas plazas vacantes congeladas y resolver las limitaciones que están afectando la educación de unos 20.000 estudiantes en todo el país en este inicio de curso lectivo.
“El Ministerio de Educación Pública ha hecho notar de manera muy contundente al Ministerio de Hacienda la necesidad de revisar la norma presupuestaria número 12 que permite el nombramiento únicamente del 20% de las plazas vacantes y la eliminación del 80%. Entre el año 2020 y el 2021, en promedio se han liberado 1.096 plazas, de las cuales 900 pertenecen a vacantes de personas docentes que ofrecen servicios a estudiantes y que han generado en este inicio de curso lectivo una serie de limitaciones importantes”, explicó Melania Brenes, ministra a. i. de Educación Pública.
Esta modificación ayudará también a resolver problemas serios en otros ministerios y Poderes de la República.
El proyecto establece un segundo procedimiento que se aplicaría a las plazas que queden vacantes a partir del 1.° de abril de este año. En esos casos, la plaza sí se eliminaría, a no ser que la Autoridad Presupuestaria determine que es necesario utilizarla, luego de recibir un razonamiento fundamentado de cada jerarca sobre la importancia de mantenerla.
