En medio de la pandemia, muchas personas han empezado a practicar el senderismo y el turismo de aventura o montañismo en parques de altura como los que se ubican en el Área de Conservación La Amistad – Pacífico (cercanías de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus) para conectar con la naturaleza, como actividad física que promueva su salud y como recreación en medio de tantas restricciones por el COVID-19.
Esta Área de Conservación incluye el Parque Nacional Chirripó, el Parque Internacional La Amistad, la Reserva Forestal Los Santos y la Zona Protectora Las Tablas.
No obstante, no todas las personas lo hacen de manera regulada y legal.
De hecho, las autoridades del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía) se han visto obligadas a realizar continuamente operativos sorpresa, durante el día y la noche, incluso los fines de semana para detectar y devolver grupos de turistas ilegales.
Según indicó don Ronald Chan Fonseca, Director Regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP), a 88 Stereo, en un solo fin de semana han ubicado y devuelto hasta 50 personas que ingresaron a los parques de altura de manera ilegal.
“El turismo ilegal nos ha traído enormes problemas porque la gente está haciendo escaladas en el Cerro de La Muerte, por ejemplo. Nada más dicen me voy, contratan un “tour operador” que los mete de forma ilegal en un área protegida o simplemente organizan un grupo y tratan de ir”, aclaró Chan Fonseca.
Los operativos para combatir este tipo de prácticas toman entre 16 y 24 horas, en las que 6 funcionarios o más se dedican a hacer cumplir la Ley y proteger la biodiversidad, pues los grupos de turismo ilegal al no utilizar los senderos autorizados por miedo a encontrarse con guardaparques abren nuevos trillos afectando los ecosistemas.
Además de que, realizar estos operativos desvía los recursos que podrían utilizarse en control de cacería ilegal, extracción de madera, de pesca en ríos, y en la protección de la flora y fauna. “Somos el mismo personal”, indicó Chan.
El costo de cada uno de estos operativos ronda el millón de colones.
Pero, ¿qué significa ser un turista ilegal y cuáles son las diferencias?
Según indicó el experto, se trata de personas que no se someten a los sistemas de reservaciones y regulaciones establecidas por las autoridades y las instituciones que administran las áreas de conservación, por lo que no se registran en ninguna parte ni pagan el costo del ingreso y los servicios de atención.
Pero esto también aumenta la gravedad de la situación en caso de un extravío porque ningún guardaparque ha sido informado de su ruta.
“Lo que hacen estas personas es bordear por zonas que no son los senderos oficiales y podrían extraviarse. Además de que al toparse con senderos autorizados pueden confundir a turistas que ingresaron de manera legal, que al ver otro sendero crean que el camino es por ahí o les da curiosidad de ver a dónde lleva ese trillo. Es un tema que nos está trayendo un perjuicio”.
En caso de un extravío, la falta de registro y de información oficial dificulta que se activen las acciones y recursos de búsqueda y rescate aumentando el riesgo para las personas involucradas.
¿Qué pasa con las personas detenidas haciendo turismo ilegal en zonas protegidas?
Actualmente, a estos senderistas se les aplica una medida cautelar administrativa – donde se le previene que no pueden ingresar a esa área protegida – y si reinciden corren el riesgo de ir a la cárcel por el delito de desobediencia a la autoridad.
No obstante, el SINAC está preparando un proyecto de ley que cambiará las reglas del juego ya que buscar penar el turismo ilegal.
“La idea es que pene con cárcel a las personas físicas o jurídicas que promueven y organizan actividades de turismo ilegal; y plantea multas económicas de hasta millón y medio o dos millones de colones para los turistas ilegales”, precisó el Director Regional.
El objetivo del SINAC es blindar el proyecto y enviarlo a la corriente legislativa este año.
