Como parte de un pronunciamiento de la Defensoría de los Habitantes en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, esa institución afirmó que la situación en los territorios indígenas es una emergencia nacional no declarada. Eso incluye a poblaciones autóctonas en Buenos Aires y Pérez Zeledón.
En el documento se lee puntualmente lo siguiente:
«A más de cinco años de la puesta en marcha del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas, sus resultados no han conllevado la devolución de una sola finca a los pueblos indígenas; de la misma forma, los endebles procesos judiciales se enredan cada vez más en los hilos de una justicia que no llega ni pronta ni cumplida.
Hoy, la situación de las tierras indígenas es una emergencia nacional no declarada, pese a los sistemáticos y persistentes actos de violencia contra personas indígenas, principalmente defensores y defensoras de derechos humanos y, los conflictos latentes y en escalada, en al menos 5 de los territorios indígenas.
Las reactivas respuestas del Poder Ejecutivo marcadas principalmente por el despliegue policial que no puede hacer otro tipo de labor más que de contención o atención de la violencia, evidencia la ausencia de buena fe y de un compromiso sostenido, consecuente y contundente.
Ante esta inercia del gobierno y la provocada judicialización de acciones que pudieron resolverse administrativamente, se evidenció ahora la falta de acceso a la justicia y se exacerbó la desconfianza en el Poder Judicial, por la impunidad y la lentitud en el trámite de los procesos.
No existe claridad en cuanto a la cantidad de procesos judiciales en trámite relacionados con tierras declaradas territorios indígenas, ni el estado de su trámite; menos aún de si cumplen con los requerimientos establecidos en múltiples circulares específicas emitidas por instancias judiciales ni con la priorización que exige la Ley de Acceso a la Justicia«.
Ante esto, la Defensoría de los Habitantes aseguró que como institución nacional de derechos humanos demanda el compromiso al más alto nivel de las autoridades del estado costarricense para que mediante un nuevo contrato social y con la plena participación de los pueblos indígenas, se defina de manera urgente la hoja de ruta con las acciones a corto y mediano plazo que permitan alcanzar soluciones participativas, pertinentes y sostenidas.
