El sector construcción ha sido uno de los más golpeados en los últimos dos años por la baja en la actividad económica. Durante el 2020, los metros cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) mostraron un decrecimiento de 25,9% con respecto al 2019, alcanzando su nivel más bajo desde el 2011. Cinco de las siete provincias del país mostraron tasas decrecientes durante el 2020.
Ante esta realidad, la Cámara Costarricense de la Construcción espera que el 2021 sea un año clave para la reactivación de la economía nacional, después del golpe ocasionado por el COVID-19, que provocó una caída generalizada en las diferentes actividades económicas, un abrupto aumento del desempleo y un fuerte golpe al tejido económico del país.
Las estadísticas muestran que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del sector construcción registra tasas de variación interanual decrecientes desde diciembre del 2018, acumulando 24 meses consecutivos de caída, debido a la reducción en la actividad económica del sector tanto a nivel público como privado. El IMAE Construcción mostró una caída de 19,7% a noviembre del 2020, último dato publicado.
En cuanto al nivel de empleo, según la más reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos, si comparamos la cantidad de ocupados que tenía el sector en el trimestre de mayo a julio de 2019, podemos notar que el sector ha perdido cerca de 45.361 empleos en poco más de un año (caída de 26,3%).
El pasado mes de octubre 2020, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyectó que el PIB de la construcción cerraría el 2020 con un decrecimiento de 9,6% (después de decrecer 10,7% en 2019). Asimismo, para el 2021 se vería un crecimiento de 1,8%, insuficiente para retomar los niveles de actividad anteriores a 2019.
“El sector construcción es fundamental para la recuperación de la economía del país y la generación de empleo, por su poder dinamizador en virtud de sus múltiples encadenamientos con otros sectores. Por ello, desde la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) consideramos vital que el gobierno tome acciones urgentes para impulsar la reactivación y generar confianza en la economía nacional”, manifestó Esteban Acón, Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.
Para lograr la reactivación económica nacional, la CCC pide al Gobierno atender diversas problemáticas, dando prioridad a aquellas que generen mayor impacto y en el menor tiempo posible. Específicamente, para el sector construcción las siguientes acciones son clave:
- Facilitar el acceso al crédito para construcción: Para ello se requiere la implementación efectiva de la disminución de tasas de interés, reducción de costos financieros (comisiones, servicios notariales, etc.) y flexibilizar la normativa en materia de riesgo. Se trata de dar liquidez a las empresas para promover la actividad económica. Sobre este tema, reviste particular importancia la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos (842.887 millones de colones) aprobados por el Banco Central para la facilidad especial y temporal de financiamiento a mediano plazo (operaciones diferidas a plazo, ODP), de manera que se asegure el cumplimiento del objetivo de trasladar esos recursos, en condiciones también favorables, a los hogares y empresas afectadas por la pandemia del COVID-19.
- Garantizar la disponibilidad del agua para el desarrollo futuro del país: es necesario atender, de manera urgente, los problemas de disponibilidad de agua que ya están afectando seriamente la inversión. La causa de estos problemas es, en realidad, la falta de infraestructura, producto de deficiencias en materia de planificación y gestión que se reflejan en el lentísimo desarrollo de importantes inversiones a cargo del AyA, tales como el Proyecto de Reducción de Agua no Contabilizada (RANC) y el Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano (PAAM).
La ejecución y finalización de estos proyectos, en los plazos requeridos, resulta imprescindible para solventar las urgentes necesidades de la población y el sector productivo. Se debe establecer una hoja de ruta de acciones urgentes, con plazos establecidos, para atender los problemas de disponibilidad de agua y garantizar el cumplimiento de la misma.
- Impulsar la inversión en obra pública para atender el rezago en infraestructura: La buena gestión del Ministro Méndez Mata no es suficiente, persiste la necesidad de fortalecer la planificación de mediano y largo plazo para garantizar la construcción oportuna de las obras que se requieren para el desarrollo del país, de manera que la gestión en materia de infraestructura no dependa solamente del liderazgo del jerarca a cargo.
Adicionalmente se debe instar a los fideicomisos de obra pública ya aprobados (como CCSS y Poder Judicial) a acelerar los procesos de licitación, adjudicación y ejecución de las obras, así como acelerar los procesos de construcción de las edificaciones públicas que están planeados por otras instituciones, como una medida de reactivación.
- Profundizar y acelerar la mejora regulatoria para el sector: este tema resulta fundamental para mejorar el clima de negocios del país y el impulso a la reactivación. Es necesario que el Gobierno emprenda acciones prontas y certeras para la eliminación de los trámites innecesarios y duplicados, y que se proceda a la digitalización y facilitación de los que sí resultan procedentes. Esto se logrará por medio de mecanismos como permitir la presentación de declaraciones juradas, dando prioridad a aquellas regulaciones que generan mayor impacto en el sector productivo y el administrado.
En el caso del sector construcción podrían hacerse vía declaración jurada los siguientes trámites:
- Para los proyectos que requieren Estudio de Impacto Ambiental (EIA)/ D1, eliminar el requisito de solicitar la aprobación de SETENA en los proyectos que se realicen en áreas previamente impactada. Solo se requerirá la presentación de una declaración jurada ante la Secretaría, con la descripción de la Actividad, Obra o Proyecto (AOP) a desarrollar. Aplicar lo mismo para los cantones que cuenten con Plan Regulador.
- Permiso de ubicación de la planta de tratamiento de aguas de aguas residuales.
- Que los planos constructivos tramitados en APC para proyectos de menos de 500 mts2, que deban ser revisados y/o aprobados por AyA, MINSA, BCBCR, INVU, sean tramitados en la plataforma de APC por medio de una declaración jurada. (se indica un metraje de 500 mts2 para que sea coincidente con el metraje de SETENA). Hoy este procedimiento es utilizado para tramitar permisos de construcción de viviendas unifamiliares.”
Es necesario asegurar el cumplimiento de la Directriz 52-MP-MEIC, “Moratoria a la Creación de Nuevos Trámites, Requisitos o Procedimientos al Ciudadano para la Obtención de Permisos, Licencias o Autorizaciones”.
- Frenar la participación ilegal y desleal instituciones públicas en actividades de consultoría, diseño y construcción de obras públicas: específicamente preocupa el caso particular del ICE, que continúa su participación en actividades para las no que está facultado por Ley.
El Ejecutivo debe convocar a sesiones extraordinarias el Proyecto de Ley N° 21.546, Ley General de Contratación Pública, para limitar la utilización la excepción del Art. 2 de la Ley de Contratación Administrativa, esto en aras de asegurar la transparencia y el mejor uso de los recursos públicos en beneficio del país y sus habitantes
- Atender urgentemente el problema de la eficiencia del gasto público y el déficit fiscal: impulsar una verdadera reforma del empleo público y asegurar el cumplimiento de la regla fiscal sin excepciones. Es necesario eliminar la duplicidad de funciones entre instituciones y adelgazar la estructura del Estado. El país no tiene la capacidad para soportar la carga que representa que la remuneración de los empleados del gobierno representa la mitad de los ingresos totales.
Es vital mejorar la gestión de la deuda y atender la enorme carga financiera que genera ya que está desplazando de manera importante la inversión pública, con la grave amenaza que esto representa para el futuro del país. Tal como lo muestran las cifras fiscales de 2020 publicadas por el Ministerio de Hacienda, durante el año anterior el gasto total mostró una leve reducción con respecto a 2019, pero el mayor recorte se dio en materia de gasto de capital, con una reducción de -38,2%, limitando las posibilidades de desarrollar obra pública.
“Si se quiere reactivar al país, tanto el poder ejecutivo, como el legislativo, así como los bancos estatales, deben liderar el impulso de proyectos de construcción, quitando trabas y obstáculos y más bien propiciando incentivos al desarrollo de proyectos de toda índole, desde una pequeña remodelación de una vivienda hasta los más complejos edificios. La construcción propicia empleo y prosperidad”, concluyó Acón.
